A raíz de un hilo en Twitter muy pedagógico sobre el uso de las palabras en el ámbito judicial, redactado por Dª Natalia Velilla, Magistrada y activa tuitera, aprovechamos para traer algunas cuestiones por las que venimos reivindicando el Derecho a Comprender desde diferentes vías.

El 16 de abril del 2002 se aprobó por unanimidad la Proposición no de Ley “Carta de Derecho de los Ciudadanos ante la Justicia”, parte del fruto del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001, que buscaba reformar la justicia española para que fuese más abierta, más ágil, eficaz y de mayor calidad.

La carta trae varias propuestas de las que destacamos las siguientes:

El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en Derecho.

El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. cita

El lenguaje claro, Plain Language en inglés, es una técnica que pretende producir textos jurídicos o técnicos en un lenguaje libre de latinismos y tecnicismos que complejizan la comprensión pero que realmente no aportan nada valioso al contenido. Especialmente esta técnica está pensada para aquellos textos cuyos destinatarios sean la ciudadanía general. Tiene su origen en los contratos de créditos personales que vendía CityBank en Nueva York en los años ’70. Con la adopción de esta nueva forma de escribir lo jurídico comprobaron que ahorraban tiempo en explicar cuestiones del contrato a la clientela y que reducían el número de reclamaciones por abusos en las comisiones o por insatisfacción de los productos contratados.

Además de países como Estados Unidos, Reino Unido o algunos nórdicos, en América Latina viene aplicándose el lenguaje claro en ámbitos como el judicial, algo novedoso para los países de habla hispana, más aún para España.

Con una sencilla búsqueda en Google, pueden encontrarse varios manuales de redacción en lenguaje claro de juzgados de lo Penal de Argentina, otros de lo Civil, incluso para empleados de la administración encargados en responder documentalmente a la ciudadanía.

Queremos traer unos ejemplos tomados del artículo “Por una Justicia que entiendan todos”, del argentino Tomás Ressa, para simplemente citar buenas prácticas del lenguaje claro en el ámbito de las resoluciones judiciales:

Provincia de Buenos Aires

En septiembre del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, representada por el Ministro Sergio Torres, firmó el Acta de integración como miembro adherente a la Red de Lenguaje Claro Argentina (ReLCA).  La ReLCA fue creada con el objetivo de promover en los organismos del Estado y demás instituciones públicas el uso de un estilo de redacción simple y eficiente en el contenido de los documentos y actos públicos para facilitar la comprensión y el acceso universal a todos los ciudadanos. En torno a ese objetivo, la Suprema Corte de Justicia, a través del Instituto de Estudios Judiciales, impulsará y promoverá un programa de formación sobre lenguaje claro en el ámbito de la administración de justicia provincial.

Ciudad de Buenos Aires

Esta iniciativa también fue adoptada por el Juzgado N° 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Pablo Casas, que confeccionó y publicó una guía del lenguaje claro y estilo. El fundamento de su redacción es que “el debido proceso exige que toda persona pueda defenderse, probar, impugnar, obtener una decisión que esté debidamente motivada, y otras garantías esenciales que permitan considerar que el trámite y la decisión judicial son válidos”

El documento incluso aconseja evitar el uso de frases como “a sus efectos”, “autos y vistos”, “cédula de estilo” y “córrase vista”, entre otras.

Córdoba (Argentina)

-En la causa  “Vega Silvana Elisa c/Saire Pablo Walter Ceferino- abreviado daños y perjuicios- accidente de tránsito- tram. Oral- (exp. 7962694)”, el juzgado de 36º Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo del juez Román Abellaneda, hizo lugar a la demanda de la actora por daños y perjuicios contra el demandado, aduciendo que, en una maniobra imprudente cuando sacaba su auto a la calle los embistió, provocándole al auto de la accionante graves daños. Condenó al demandado y la aseguradora a pagarla suma de $99.800 en concepto de daños materiales. El fallo fue redactado en un lenguaje “claro y comprensible para todas las partes”.

-En autos “Alarcón, Víctor Joaquín p.s.a. abuso sexual agravado continuado, etc”, la Cámara 2° en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba incorporó párrafos de lectura fácil dirigidos a la víctima de un abuso sexual. Una adolescente de 15 años de edad. El Tribunal condenó a diez años de prisión a Víctor Joaquín Alarcón, un joven de 25 años que abusó sexualmente de su hermana, por parte de madre, cuando ella tenía entre nueve y trece años de edad. Para dirigirse a la víctima, la jueza titular del Juzgado, Mónica Adriana Traballini, utilizó lenguaje claro.

Catamarca

Un juez dictó una sentencia con lenguaje claro a un joven de 17 años condenado por tres hechos delictivos, quien desde pequeño está inmerso en las drogas y sin apoyo familiar. El magistrado resaltó la ausencia del estado y la necesidad de dar apoyo a este tipo de situaciones

El Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación de San Fernando del Valle de Catamarca declaró penalmente responsable al joven de 17 años BVJA por tres hechos: robo en calidad de autor, hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa en calidad de autor, y robo doblemente calificado por el resultado de la lesión y por haber sido cometido con arma en calidad de autor.

El imputado ya había sido denunciado a los 11 años por reiteradas oportunidades por la policía y trasladado a comisarías e instituciones estatales para “resguardar” a niños y niñas bajo el eufemismo de una supuesta niñez en riesgo. El fallo fue firmado por el Juez de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, quien incluyó varios fragmentos de fácil lectura dirigidos al joven.

Desde la Carta que citamos al comienzo, del año 2002, hasta la actualidad, se han desarrollado algunos trabajos, como los de altísima calidad realizados por la Comisión de modernización del lenguaje jurídico, que no se han traducido en acciones reales de cambio. En la actualidad, el Ministro de Justicia D. Juan Carlos Campo, uno de los impulsores de ambas iniciativas, ha iniciado su mandato señalando que parte de sus propuestas van a continuar la estela de aquellas propuestas. Deseamos que así sea y que esta vez pueda implementarse el lenguaje claro en la administración pública, y por lo tanto en la de justicia, para que la justicia sea abierta y comprensible a toda la ciudadanía.