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Estamos viviendo unos momentos complicados, muy complicados. Hace unos meses nadie pensaba que aquellas noticias que llegaban de China terminarían siendo noticias similares a las que tendríamos por aquí. Cuando el pasado 14 de marzo se decretaba el Estado de Alarma en nuestro país (1) entramos en un espacio temporal y emocional en el que a día de hoy, 9 de mayo, seguimos inmersos (con otra prórroga ya confirmada, de momento).

El panorama laboral, empresarial también, por tanto, ha cambiado radicalmente, y da la sensación de que no es un cambio circunstancial sino que estos cambios nos acompañarán un tiempo, quizás formarán parte de nuestras vidas en adelante.

La Responsabilidad Social Corporativa -RSC- es un elemento que, en vez de debilitarse, quizás como resultado de las dificultades económicas que estamos sufriendo, debe reforzarse y convertirse en la base de la gestión empresarial, del tejido social-empresarial en nuestro país. La RSC debe convertirse en el alma de la gestión de las tragedias en nuestras empresas, poniendo el foco no sólo en la situación económica de las mismas, si no en lo más importante, las personas, los trabajadores y trabajadoras, el capital social que permite que las empresas generen ingresos suficientes para vivir con dignidad.

La European Coalition for Corporate Justice (entidad que lucha porque los países legislen a favor de la rendición de cuentas y la transparencia de las empresas y por la protección de las víctimas de las malas prácticas empresariales) ha señalado que “para que la recuperación económica sea verdaderamente sólida y sostenible debe basarse en estándares acordados internacionalmente para una conducta empresarial responsable y que la debida diligencia ambiental y de derechos humanos, son esenciales para prevenir y reaccionar ante futuras crisis mundiales” (https://cutt.ly/CyvEXQR).

Al igual que se ha tomado la medida de no renovar los ERTEs a empresas que tengan sus sedes en paraísos fiscales, debería considerarse que del cumplimiento efectivo de la RSC en las empresas fuese un requisito obligatorio, para no contribuir al sostenimiento público de prácticas contrarias a los Derechos Humanos.

Esta crisis debe reorientarnos para poner la atención en los grupos de riesgo dentro de las empresas. Siempre los grupos vulnerables van a ser doblemente victimizados ante situaciones difíciles como las actuales. Una propuesta para detectar insuficiencias, es someter a las empresas a una auditoría que permita conocer la situación de las personas trabajadoras en relación a la adecuación de los puestos y los procesos y que pueda dar una dimensión real del compromiso efectivo de la empresa para con los Derechos Humanos.

Entidades como BEQUAL, de las que Cuarto Sector es auditor, permite acreditar a las empresas como socialmente responsables con las personas con discapacidad. Más allá de la certificación misma, que sin duda reconoce a la empresa que lo consigue con una posición de responsabilidad muy elevada en nuestro país, es interesante el proceso de auditoría, donde se pone de relieve los retos que la entidad tiene que enfrentar para tener una empresa más justa y responsable tras el proceso, que en tal caso termina con el certificado.

No podemos perder la oportunidad que esta etapa nos ofrece; la parada que estamos viviendo debería de permitirnos pensar y repensar (senti-pensar) cómo hemos estado haciendo las cosas, cómo deberían ser, y qué debemos hacer para que seamos lo que queremos. El compromiso férreo de las empresas a implementar RSCs integrales debe ser parte del compromiso de la sociedad a adoptar actitudes respetuosas con los Derechos Humanos, que al final no significa otra cosa que ser respetuosos y respetuosas con todo nuestro medio ambiente (las personas, los animales, los ecosistemas).

 

(1) El Estado de Alarma es una herramienta constitucional que ante una situación grave, por ejemplo una pandemia, centraliza la gestión en el Gobierno así como la actuación de las “policías” autonómicas y locales, además de permitir limitar las libertades conforme a la LO 4/1981.